Aunque intervenido, sigue la corrupción en el Hospital de Villavicencio
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Aunque intervenido, sigue la corrupción en el Hospital de Villavicencio

Tres años después de la intervención de la Supersalud, el centro de salud mantiene la calificación de riesgo alto.

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Por graves irregularidades, la Procuraduría abrió una investigación dentro del proceso de intervención del hospital departamental de Villavicencio.

Los ‘ojos’ del Ministerio Público están puestos sobre Luis Óscar Gálvez Mateus, agente especial interventor designado por la Superintendencia de Salud; Never Mejía Marita, contralor del Hospital; Edna Paola Najar Rodríguez, superintendente delegada para Medidas Especiales y Javier Villarreal, exsuperintendente delegado para las Medidas Especiales, todos designados por la Supersalud para corregir las fallas administrativas que presentaba el centro de salud, pero que al parecer hicieron todo lo contrario.

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Entre las irregularidades que encontró la entidad está la modificación del estatuto interno de contratación, al parecer, eliminando requisitos que favorecían el trámite de procesos transparentes. Según los hallazgos, algunos de los procesos de contratación fueron adelantados con un único oferente y en otros casos existen dudas sobre la real existencia del segundo proponente.

La modificación del estatuto de contratación habría propiciado la firma de contratos de suministro de medicamentos, de insumos médicos y el servicio de imágenes diagnósticas, cuyos objetos contractuales, los plazos de ejecución de los contratos y sus valores han sido modificados.

El primero, suscrito por 9.900 millones de pesos, fue modificado en 43 oportunidades hasta llegar a más de 41.000 millones. El segundo, suscrito por 3.800 millones, fue modificado en 27 oportunidades y hoy supera los 25.000 millones.

Se descubrió también que en solo tres años, el Hospital Departamental de Villavicencio habría celebrado más de 17 contratos con personas naturales y jurídicas, sin proceso de selección y en forma directa, para adelantar gestiones de recuperación de cartera a cambio de unos honorarios del 10 por ciento del recaudo, terminando esto en el pago de pago de miles de millones de pesos a particulares contratados en forma directa.

Por esas labores la entidad habría pagado más de 3.500 millones a un profesional involucrado en el carrusel de la contratación en Bogotá. Lo cuestionable es que el Hospital estaba en capacidad de  hacerlo.

Entre otras cosas, la Procuraduría determinó que habría un grave deterioro de la infraestructura física del hospital, y que no se han efectuado las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda de servicios médicos, generando sobreocupación de más del 250 por ciento en servicios como urgencias, hospitalización y consulta externa.

Tres años después de la intervención de la Supersalud, el Hospital Departamental de Villavicencio mantiene la calificación de riesgo alto. A corte de 31 de diciembre de 2018, se observan variaciones negativas de los indicadores financieros: sus activos presentan un déficit del 14 por ciento, el patrimonio ha bajado en el 41 por ciento y los pasivos crecieron en un 57 por ciento, pasando de 25.000 millones en el 2015 a 70.000 millones en el 2018.

Por todo esto, y mucho más, la Procuraduría trasladó los respectivos hallazgos a la Fiscalía y a la Contraloría General.

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