Drama de una líder social del Meta refugiada en Europa

Hacia un país del ‘viejo continente’ tuvo que emigrar Patricia Hernández, otrora coordinadora de la Mesa Efectiva de Víctimas de Cumaral, Meta, y presidenta de la Asociación de Familias Víctimas del Conflicto Armado con Enfoque Diferencial (Asfavicardif), debido a las amenazas de muerte que recaían sobre ella y su familia.

Llegó a esa parte del mundo de la mano de su hija, una menor de 12 años de edad, el pasado 28 de septiembre. Lo hicieron tras refugiarse en Villavicencio, capital del mismo departamento, por miedo a que las intimidaciones se hicieran efectivas.

Su drama inició el 14 de abril de este año, cuando vía telefónica un desconocido le advirtió sobre lo «mal» que podía irle si seguía con su labor. La alerta se extinguió y ella continuó hasta que el pasado 2 de septiembre, a través de una nueva comunicación, le exigieron explícitamente renunciar a la coordinación de la Mesa de Víctimas, o de lo contrario la matarían junto con los suyos.

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Las denuncias sobre su caso, dice, fueron puestas en conocimiento de las autoridades del municipio de Cumaral, la Policía y delegados de la Unidad de Víctimas del Meta, durante una reunión de Justicia Transicional; sin embargo, fue enfática al decir que «no tuvieron mayor trascendencia».

Aunque hasta ahora no se ha determinado el origen de las amenazas, Patricia se las adjudica a los grupos paramilitares que, según ella, adelantan labores de reclutamiento en Cumaral.

Entonces recuerda la situación que considera como el detonante para que los ilegales optaran por ahuyentarla del lugar.

«Una tarde llegó un muchacho diciéndome que necesitaba que le ayudara, yo ya lo había visto en el pueblo y distinguía a su familia, él me dijo que lo habían amenazado de muerte porque querían que volviera a las filas, me confesó que había sido paramilitar» declaró.

Contó que al joven le asesoró para que interpusiera las denuncias respectivas, pero ante la inoperancia de las autoridades decidió ayudarle a salir del municipio, «él escapó hacia las 2:00 de la mañana del 28 de octubre del año pasado, días después de haber buscado mi apoyo».

Aunque para ella tal situación fue quizás la más comprometedora que vivió en sus ocho años de servicio, no descarta que otras denuncias propias de su función como defensora de Derechos Humanos, hayan desencadenado las intimidaciones.

De todos modos, mientras la Fiscalía adelantaba la respectiva investigación -que aún no concluye-, Patricia tuvo que huir a la ciudad de Villavicencio, donde se ocultó entre julio y septiembre de este año  bajo un precario esquema de seguridad. 

«Quedé a la espera de un chaleco, un botón de pánico y un celular con minutos; una patrulla de Policía me hacía visitas periódicas, pero los mismos uniformados me decían que eso no era confiable» comentó.

Finalmente, por temor al riesgo que corría su vida, optó por renunciar a las asociaciones que dirigía y abordar un vuelo hacia un país lejano, cuyo nombre ha reservado por motivos de seguridad. Lo hizo con el dinero de un préstamo, y no por intención de las autoridades ante las  que expuso la situación.

Por lo pronto, Patricia y su pequeña permanecen en un resguardo en el que conviven con los refugiados y exiliados de otros países, y se encuentran bajo el cuidado y supervisión de la Cruz Roja Internacional. Al respecto le dijo a este medio «me han tratado dignamente y han protegido mi vida y la de mi hija».

Mientras que la protagonista de esta historia consiguió escabullirse de las amenazas lanzadas en su contra, ella misma lamentó que muchos de sus compañeros de lucha, no solo en Cumaral sino en otras ciudades y departamentos del país, no lo logren y terminen engrosando la lista de líderes sociales asesinados en Colombia, que ya son más de 300 después de la firma del Acuedo de Paz, en diciembre de 2016.