Regionales
Por hacinamiento carcelario investigan al alcalde de Villavicencio
El mandatario hace parte de los advertidos por la Procuraduría, en el marco de la crisis nacional carcelaria.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra 28 alcaldes, por negligencia ante la crisis carcelaria que atraviesa el país.
Entre los investigados se encuentra el alcalde Villavicencio, Wilmar Barbosa Rozo, y los de Medellín, Leticia, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quindío, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué y Cali.
Vea también: Villavicencio alberga a más de 11 mil venezolanos: Llanovencol
“Nosotros le enviamos hace más de un año muchas comunicaciones a los alcaldes a los que en este momento les estamos abriendo una indagación. Porque en buena parte de esos casos ni siquiera ha habido respuestas a las solicitudes de la Procuraduría”, dijo Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.
El alcalde Barbosa, por su parte, explicó que construir una cárcel es «responsabilidad directa del Gobierno Nacional».
«En el Taller Construyendo País le ratificamos al presidente nuestra disposición de hacerlo (construir la cárcel), pero luego nos encontramos con la noticia de que la señora ministra de Justicia ha dicho que necesitan un predio mínimo de 30 hectáreas, y eso sobrepasa la capacidad financiera y de gestión del municipio«, señaló Barbosa al tiempo que resaltaba que Villavicencio es una de las cinco ciudades del país que ha firmado convenios con el INPEC para apoyar el desarrollo de la actividad y garantizar los derechos de los reclusos; en efecto, dijo que se le han entregado 1.200 millones de pesos.
En Villavicencio el hacinamiento carcelario llega al 90 por ciento, es decir que, el centro penitenciario que tiene una capacidad para mil reclusos, hoy tiene aproximadamente 1900.
En la audiencia pública sobre tema carcelario y de salud realizada este lunes en Medellín, la Procuraduría propuso acudir a mecanismos de cooperación internacional para modernizar el sistema penitenciario y garantizar el derecho de los internos.
