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Con apenas 105 días de registro, una empresa recibió un contrato de $596,5 millones en Restrepo. En la dirección registrada no conocen a su representante legal y los soportes aparecen como confidenciales, pese a comprometer recursos públicos.
La designación de una cónsul provisional dejó pagos millonarios, una deuda por arrendamiento y serios cuestionamientos sobre el proceso de apertura.
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