Errores cometidos durante la última actualización catastral urbana y rural de Villavicencio, realizada bajo la administración de Felipe Harman, derivaron en una avalancha de reclamos por parte de la ciudadanía y en cerca de 33.000 derechos de petición y tutelas presentados entre 2024 y lo corrido de 2025.
La omisión de predios, construcciones y viviendas completas, sumada al incremento injustificado en el avalúo de muchas propiedades, desató semanas de protestas y un fuerte malestar social. Además de afectar a los contribuyentes, la situación generó tensiones administrativas en una Alcaldía que apenas comenzaba su mandato.
“Fue calamitoso para el alcalde Alexander Baquero, por el incremento que esos errores ocasionaron en el avalúo catastral de algunas propiedades, lo que derivó en manifestaciones ciudadanas y en numerosas acciones jurídicas que tuvimos que afrontar”, aseguró Johann Sneider Quevedo Romero, jefe de la Oficina Jurídica Municipal.
El impacto jurídico y social obligó a la actual administración a asumir la corrección de un proceso heredado, que dejó a miles de contribuyentes inconformes. En respuesta, el gobierno local creó una dependencia técnica de Catastro, reforzó el equipo con personal capacitado y trazó una ruta jurídica y técnica para corregir las fallas.
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La solución quedó plasmada en el Decreto 138 de 2025, que ordena una nueva actualización catastral urbana y rural con estándares más rigurosos, uso de tecnologías modernas y estricto apego a la normatividad. El proceso se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.
La Alcaldía espera que esta medida permita corregir los errores del pasado, recuperar la confianza ciudadana y garantizar un catastro ajustado a la realidad del territorio.