El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó este viernes 7 de agosto el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá hasta el complejo penitenciario La Picaleña, en Ibagué, como parte de las primeras medidas adoptadas frente al sistema carcelario del país.
La decisión estaría relacionada con los presuntos privilegios e irregularidades que la influenciadora habría tenido durante su permanencia en las instalaciones policiales, donde se encontraba recluida desde agosto de 2025 tras conseguir que su defensa lograra el traslado desde la cárcel El Buen Pastor.
Barrera Rojas cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio en el sur de Bogotá. La sentencia contempla los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial.
Entre los motivos que rodean su reubicación también aparecen denuncias sobre la realización de procedimientos estéticos no autorizados dentro de la Escuela de Carabineros, situación que habría puesto en cuestión las condiciones especiales de reclusión que mantenía desde el año pasado.
Fuentes del sector penitenciario señalaron que la permanencia de la empresaria en la guarnición policial no resultaba adecuada, debido a que este tipo de instalaciones están destinadas a servidores públicos privados de la libertad.
El traslado de ‘Epa Colombia’ hace parte de una operación más amplia ordenada por el nuevo Gobierno para modificar las condiciones de reclusión de presos considerados de alto impacto.
De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, entre los trasladados se encuentran 103 cabecillas de estructuras criminales que permanecían recluidos en Itagüí después de su participación en el denominado ‘tarimazo’ del expresidente Petro en Medellín.
Los movimientos penitenciarios incluyen establecimientos de alta seguridad ubicados en ciudades como Girón, Valledupar, Palmira y La Dorada, con el propósito de limitar los regímenes especiales de reclusión y concentrar a los internos de mayor peligrosidad en centros con condiciones de custodia más estrictas.
La medida representa una de las primeras decisiones del Gobierno de De la Espriella en materia carcelaria y marca un cambio frente al tratamiento que algunos internos de alto perfil habían recibido durante los últimos meses.