Las gobernaciones del Meta y Casanare encendieron las alarmas por la decisión de Ecopetrol de no asignar Gas Natural Vehicular (GNV) a los operadores de la región para 2026. La medida, que empezará a sentirse desde el 1 de diciembre de 2025, amenaza con generar un serio problema de movilidad, salubridad y economía en los Llanos Orientales.
Según los documentos oficiales, la empresa dejó por fuera a los distribuidores de Meta y Casanare en la más reciente asignación de gas, lo que impacta de forma directa a miles de conductores, al transporte público y a los vehículos recolectores de residuos.
El riesgo es mayor si se tiene en cuenta que más de 248.000 familias dependen de estos servicios y que los corredores Bogotá–Villavicencio y Sogamoso–Yopal ya están bajo fuertes restricciones.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, reclamaron a Ecopetrol y al Ministerio de Minas y Energía la entrega inmediata de volúmenes de GNV en puntos de suministro como Floreña y Cusiana. Recordaron que importar gas o acudir al mercado secundario no es opción, cuando Meta, Casanare y Arauca producen el 65 % del gas del país y lo que se necesita para movilidad apenas representa el 0,72 % de la demanda nacional esencial.
De no corregirse la situación, el precio del GNV podría subir casi un 50 %, pasando de $3.700 a unos $5.500, y cerca de 10.800 vehículos registrados en el SICOM quedarían sin abastecimiento en las 34 estaciones de servicio de la región. Además, más de la mitad de los camiones recolectores de basura del Meta funcionan con gas, por lo que la falta de suministro abriría la puerta a una emergencia sanitaria.
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Frente a este panorama, las dos gobernaciones reiteraron su disposición a trabajar con el Gobierno nacional, Ecopetrol y los operadores para encontrar una salida.
“Necesitamos una solución inmediata que garantice el abastecimiento de GNV y evite que la región entre en crisis”, advirtieron los mandatarios.