El incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional, generó reparos desde Villavicencio. El alcalde Alexander Baquero advirtió que la decisión podría traducirse en mayores presiones fiscales para los municipios y en un aumento significativo del costo de la vivienda, especialmente la dirigida a hogares de bajos ingresos.
De acuerdo con el mandatario, el ajuste salarial tendrá un efecto directo sobre el gasto corriente de las administraciones locales, incluso antes de conocerse el porcentaje que se aplicará a los empleados públicos, lo que reduciría la capacidad de inversión y obligaría a replantear programas en ejecución.
En el sector de la construcción, Baquero explicó que el aumento del salario mínimo incidiría en los precios de la Vivienda de Interés Social, con valores que podrían acercarse a los $240 millones en el caso de apartamentos y superar los $300 millones para casas, cifras que alejarían a muchas familias de la posibilidad de compra.
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“El efecto será un encarecimiento desmedido de este tipo de proyectos y mayores dificultades para la actividad constructora”, sostuvo el alcalde.
Finalmente, el mandatario local cuestionó que, mientras se adoptan medidas que incrementan los costos en los territorios, el Gobierno central mantenga la reducción de transferencias y asigne nuevas obligaciones sin recursos adicionales, una combinación que, según dijo, compromete la estabilidad financiera de los municipios.