La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Fondo de Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, pidió al Congreso de la República impedir que el expresidente Gustavo Petro salga del país, mientras avanzan las denuncias que ha presentado en su contra y que, según su defensa, estarían relacionadas con presuntas irregularidades durante su administración.
La solicitud fue radicada por el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, apoderado de Rodríguez, ante el senador Honorio Henríquez Pinedo, presidente del Congreso, con el argumento de que la permanencia de Petro en Colombia permitiría garantizar su comparecencia ante las autoridades competentes.
Uno de los argumentos expuestos por la defensa está relacionado con la situación de seguridad que enfrenta la exfuncionaria, quien, según el documento, habría recibido amenazas de muerte, llamadas intimidatorias y presuntas extorsiones después de formular sus denuncias.
El abogado señaló que el riesgo para Rodríguez se ha intensificado y también hizo referencia a presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, además de otros señalamientos que, según la exfuncionaria, han afectado su seguridad e integridad.
La petición también se relaciona con una denuncia que cursa ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Petro por la presunta comisión de conductas punibles como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.
De la Espriella sacó por las malas a cinco embajadores de Petro que no renunciaron
De acuerdo con el documento presentado por Rodríguez, uno de los hechos bajo investigación corresponde a presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que estaban destinados inicialmente a programas de inversión social.
Con la solicitud, la exdirectora busca que el Congreso revoque la autorización que permite al expresidente viajar al exterior durante el año siguiente al término de su mandato y que permanezca en Colombia mientras avanzan las actuaciones relacionadas con las denuncias.
