El libro de la verdad, entregado por el presidente Abelardo De La Espriella a las autoridades, cuestiona la entrega de tierras durante el Gobierno Petro y pone bajo revisión un convenio suscrito cuando el exalcalde de Villavicencio estaba al frente de la ANT.
Una de las principales denuncias contenidas en las 135 páginas de El libro de la verdad apunta a la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro, en particular por la entrega de terrenos sin título y el uso de millonarios recursos públicos en predios que, según el informe, no terminaron registrados legalmente.
El documento sostiene que el Fondo de Tierras entregó 351.463 hectáreas, pero únicamente 98.148 quedaron con registro pleno ante Instrumentos Públicos, una cifra que, de acuerdo con el Gobierno actual, equivale apenas al 7 % de la meta establecida por la administración anterior.
El informe califica lo ocurrido como una “operación de maquillaje estadístico” y señala que otras 206.273 hectáreas fueron entregadas de manera provisional, por lo que miles de campesinos habrían recibido terrenos sin contar con un título que respaldara legalmente su propiedad.
Entre los casos que ahora son objeto de revisión aparece un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), firmado cuando la entidad estaba bajo la dirección de Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio y quien estuvo al frente de la ANT desde febrero de 2024 hasta el final del Gobierno Petro.
Según El libro de la verdad, en ese convenio se desembolsó cerca de un billón de pesos por 537 predios, pero al momento de la revisión solo tres habrían sido debidamente titularizados.
La situación llevó al Equipo Élite del Gobierno De La Espriella a anunciar acciones ante las autoridades competentes para determinar si existieron responsabilidades por el manejo de los recursos y la adquisición de los terrenos.
El documento también pone bajo cuestionamiento un convenio de hasta 17.003 millones de pesos entre la ANT y Teveandina, empresa operadora de Canal Trece, para realizar eventos relacionados con la reforma agraria.
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Según los hallazgos, las actividades logísticas habrían sido subcontratadas mientras el canal conservaba un porcentaje por administración e intermediación, además de posibles sobrecostos, dudas sobre registros fotográficos y vacíos en la trazabilidad de los pagos.
Otro episodio señalado ocurrió el sábado 8 de agosto, cuando la Agencia de Desarrollo Rural declaró hábil esa jornada para adelantar actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales, apenas un día después del cambio de Gobierno.
El Equipo Élite presentó una denuncia penal por un posible prevaricato y pidió a la Fiscalía establecer qué actuaciones se realizaron durante esa jornada.
El propio informe advierte que sus hallazgos no constituyen condenas y que será la Fiscalía y los organismos de control quienes determinen si existieron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.