El exrepresentante a la Cámara por el Meta, Juan Diego Muñoz, tendrá que responder ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que el alto tribunal rechazara las solicitudes de su defensa para frenar el proceso.
Muñoz hace parte de los seis congresistas señalados de presuntamente apoyar créditos del Gobierno nacional a cambio de recibir contratos de obras públicas. Según la investigación, los votos se habrían negociado en la Comisión de Crédito Público, encargada de estudiar los préstamos que solicita el país ante entidades financieras internacionales.
De acuerdo con información revelada por la revista Semana, uno de los contratos investigados corresponde a obras en Saravena, Arauca, por cerca de $35.000 millones, que presuntamente habrían sido destinadas a Muñoz y a la representante Karen Manrique.
La Corte tomó la decisión después de revisar los argumentos de los abogados de los excongresistas, quienes buscaban anular las acusaciones o retirar algunas pruebas del expediente. En el caso de Muñoz, su defensa pidió excluir declaraciones de testigos como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, además de documentos obtenidos del celular de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Los testimonios de estas personas son importantes para la investigación, pues han entregado información sobre las reuniones y los acuerdos que presuntamente se habrían hecho para asignar contratos a cambio del apoyo de los congresistas a los créditos del Gobierno.
Además de Muñoz, deberán enfrentar el juicio Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique. Todos son investigados por el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con el supuesto intercambio de sus votos por beneficios.
Aunque la Corte decidió que el proceso debe continuar, esto no significa que los congresistas sean culpables. Durante el juicio tendrán que examinarse las pruebas y los argumentos de la defensa para determinar si tienen responsabilidad en los hechos investigados.