La crisis del corredor Bogotá–Villavicencio ya no solo se mide en horas de trancón o millones en pérdidas, sino también en la presión que empieza a sentirse sobre la dirigencia regional.
Tras la declaratoria conjunta entre la gobernadora Rafaela Cortés y los congresistas del Meta, la discusión se centra en si la unidad política logrará traducirse en resultados concretos o quedará como otro pronunciamiento de papel.
El documento incluyó nueve puntos, entre ellos solicitar una cita con el presidente de la República para la bancada de la Amazorinoquía, reactivar la comisión accidental en el Congreso y pedir a la Aeronáutica Civil medidas que regulen el precio de los tiquetes aéreos. También se planteó exigir a Invías y a la concesión vial los estudios pendientes y gestionar recursos urgentes que permitan enfrentar las pérdidas que ya superan los 800.000 millones de pesos.
El reto ahora es que esas voluntades de la Gobernación, congresistas, alcaldes, gremios y empresarios se traduzcan en avances concretos para reducir el impacto económico y social que deja el cierre de la vía, una infraestructura vital para más de cuatro millones de habitantes de la región.
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Según Colfecar, la restricción en la vía al Llano elevó los tiempos de desplazamiento hasta 16 horas entre Villavicencio y Bogotá, afectando el transporte de carga y de paso el abastecimiento de alimentos y la movilidad de miles de viajeros.