El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó un fuerte mensaje contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, luego de que este calificara las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración de población civil”.
La respuesta de Bukele se dio a través de la red social X, donde le propuso a Petro recibir al 100 % de los presos de El Salvador, incluidos los llamados presos políticos, si realmente considera que se están vulnerando derechos humanos.
“Deben ser todos. Porque si se trata de campos de concentración, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”, escribió el mandatario salvadoreño.
El origen de la disputa fue una declaración de Petro en la que aseguró que tener “un 36 % de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad” y comparó las capturas masivas en El Salvador con los falsos positivos registrados en Colombia.
Bukele respondió elevando el tono del debate y aseguró que esta sería una “oportunidad histórica” para que Petro consolide “su legado como libertador”.
Más allá del cruce de declaraciones, el choque entre ambos presidentes volvió a abrir la discusión sobre los resultados de sus modelos de seguridad.
El esquema impulsado por Bukele, basado en capturas masivas y en centros penitenciarios como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha mostrado resultados contundentes en la reducción de homicidios y en la recuperación de territorios dominados por pandillas. Esa política le ha permitido a El Salvador pasar de ser uno de los países más violentos de América Latina a registrar algunos de los niveles de homicidios más bajos de la región, un resultado que ha fortalecido la popularidad interna de Bukele y el respaldo de buena parte de la ciudadanía.
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En contraste, la llamada ‘Paz Total’ promovida por Petro ha sido duramente cuestionada por sectores políticos, gremios y autoridades regionales, que consideran que las negociaciones con grupos armados no han frenado la violencia y, por el contrario, han coincidido con el fortalecimiento de estructuras criminales en varias zonas del país.
Las críticas también apuntan a que la estrategia del Gobierno colombiano ha abierto espacios de interlocución y beneficios para jefes de bandas, disidencias y capos del narcotráfico, mientras persisten extorsiones, secuestros, desplazamientos y enfrentamientos en regiones como el Catatumbo, el Cauca, Nariño y el sur de Córdoba.
El intercambio entre ambos mandatarios deja en evidencia dos visiones opuestas frente al crimen organizado y enciende el debate sobre la seguridad en América Latina.