Michael Enrique Méndez Olivos, alias ‘Mogosín’, jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia en el Meta, contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al momento de su muerte en un operativo de la fuerza pública.
El disidente, señalado de recaudar más de $1.000 millones mensuales en extorsiones, se movilizaba con escoltas, camioneta blindada, tarjetas débito y chip para gasolina, todo asignado por el Estado.
Documentos oficiales muestran que la protección fue aprobada en marzo de 2025, tras recomendación del Comité de Evaluación del Riesgo (CERREM). En el acta aparece su nombre, número de cédula y firma, identificado como desmovilizado del frente 43 de las Farc y residente en Acacías, donde operaba delictivamente.
Según reveló el Bororó de Karla Arcila en La Luciérnaga, los escoltas asignados, contratistas de una empresa al servicio de la UNP, no reportaron las ausencias frecuentes del protegido ni sus actividades irregulares.
El operativo en el que cayó ‘Mogosín’ se desarrolló en zona rural de Puerto Lleras, donde tropas del Gaula Militar y la Policía Nacional ubicaron el campamento tras denuncias ciudadanas. Durante el enfrentamiento fue capturado alias ‘Jimmy Lozada’ y se incautaron armas, panfletos, radios y el vehículo oficial que usaba el disidente.
El caso revive críticas a la UNP porque no es la primera vez que estructuras criminales se valen del programa de protección. Por ejemplo, en 2024, siete disidentes del Estado Mayor Central fueron sorprendidos en Antioquia usando vehículos de la entidad.
El director de la UNP, Augusto Ramírez, dijo que desconocían la identidad real de Méndez Olivos. Afirmó que recibió protección tras desmovilizarse en 2014 y sufrir un atentado en 2018, y que los escoltas nunca reportaron anomalías. Mientras tanto, decenas de líderes sociales siguen a la espera de esquemas de seguridad que no llegan.