La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $176.795 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entre ellos un caso que involucra recursos destinados a la atención en salud de los docentes del Meta.
De acuerdo con el informe de auditoría financiera de la vigencia 2025, uno de los principales hallazgos está relacionado con pagos realizados a la Unión Temporal Medisalud, operador encargado de prestar servicios médico-asistenciales en departamentos como Meta, Boyacá y Casanare, junto con otro caso de la Unión Temporal Redvital en Antioquia y Chocó.
Según el organismo de control, estos pagos, que suman $133.255 millones entre ambos operadores, podrían representar un detrimento de los recursos públicos, debido a que se habrían girado dineros por servicios cuya responsabilidad estaba en manos de los operadores que entregaban y recibían la operación de salud del magisterio.
En el caso del Meta, la situación hace referencia a los recursos del Fomag destinados a garantizar la atención médica de los docentes afiliados al sistema en el departamento, por lo que los hallazgos serán revisados dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que adelante la Contraloría.
El informe también reveló posibles irregularidades en el pago de primas de mitad de año a docentes pensionados. Tras revisar una muestra de 1.105 pagos, la entidad encontró desembolsos que, según indicó, se habrían realizado sin cumplir los requisitos establecidos o pese a decisiones judiciales que negaban ese beneficio. Este hecho representaría una afectación cercana a los $27.982 millones.
Otro de los hallazgos corresponde al pago de una sanción moratoria por $5.479 millones, valor que también fue incluido por la Contraloría como posible detrimento fiscal.
“Estas situaciones han sido advertidas de manera recurrente por la Contraloría General durante sus ejercicios de control fiscal. Además, se ha determinado la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, como vocera y administradora del Fomag, y las entidades territoriales”, señaló el organismo.
La entidad indicó que, además de los 10 hallazgos fiscales, encontró 12 con posible incidencia disciplinaria y uno con incidencia penal, por lo que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y recuperar los recursos públicos que hayan podido ser afectados.