En las últimas horas, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, materializó las capturas de un exfiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Villavicencio, un abogado y sus respectivas cónyuges, como presuntos responsables de actuaciones irregulares para favorecer a procesados a cambio de altas sumas de dinero. Una mujer que habría pagado por esos servicios para beneficiar a un procesado por Homicidio, también cayó en el operativo.
Según el ente investigador estas personas habrían establecido una alianza criminal en el Meta para tramitar y otorgar libertades y otras concesiones judiciales a señalados delincuentes, que no cumplían con los requisitos de ley.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitió documentar seis hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2016, en los que estarían involucradas siete personas, quienes pusieron en marcha el esquema de corrupción en beneficio de varios señalados delincuentes, a cambio de coimas.
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Con las actuaciones irregulares fueron favorecidos con la libertad cuatro reincidentes capturados, y en otras dos ocasiones obtuvieron detención domiciliaria para supuestos delincuentes.
En las próximas horas una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de Concierto para delinquir, Cohecho propio, Cohecho impropio, Cohecho por dar u ofrecer, Prevaricato por acción y Asesoramiento ilegal.
En esta investigación ya se adelantó una audiencia de imputación de cargos contra la exjueza Margarita Díaz Martínez, quien es prófuga de la justicia, y está vinculado José Luis Rangel, jurídico de la cárcel de Villavicencio, hoy con medida de aseguramiento.
En la primera fase de esta investigación fueron vinculadas treinta personas (30), entre ellas: los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño; el Juez de Guamal, Luis Ever Salazar Sarria; Néstor Gordillo, investigador del CTI; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano de Medicina Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio, entre otros.