El “diploma milagroso” de Erica Lozano Bedoya en la EAAV: de los ascensos en gobiernos anteriores a un expediente en la Fiscalía

Lo que durante años pasó inadvertido hoy es materia de investigación judicial. Una auditoría de la Contraloría Municipal de Villavicencio reveló una presunta falsificación de documentos académicos que habría permitido a Erica Juliet Lozano Bedoya ascender dos veces dentro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV).

La funcionaria ingresó a la empresa el 10 de diciembre de 2015 como auxiliar administrativa. El 28 de noviembre de 2019, durante la administración del entonces alcalde Wilmar Barbosa y la gerencia de Jaime Jiménez, fue ascendida a Técnico Grado 01.

El 13 de abril de 2023 volvió a ser promovida, esta vez a Técnico Grado 02, en los últimos meses del gobierno de Juan Felipe Harman y bajo la gerencia de David Andrés Riaño.

Durante años, el papel pareció aguantarlo todo… hasta que alguien decidió revisarlo.

En enero de 2026, una auditoría de la Contraloría, realizada tras una denuncia conocida por la propia EAAV, encontró en la hoja de vida de la funcionaria un supuesto diploma de la Universidad de los Llanos, en convenio con la Universidad del Tolima, que habría servido para respaldar los ascensos.

Sin embargo, la Universidad de los Llanos respondió que Erica Juliet Lozano Bedoya no registra ningún título como Tecnóloga en Gestión Bancaria y Financiera y que el diploma presentado corresponde a otra persona.

Con ese hallazgo, la actual administración de la EAAV remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación. La denuncia fue radicada el 28 de mayo de 2026 junto con el informe de la Contraloría y la respuesta oficial de la universidad.

De acuerdo con la información conocida, el presunto detrimento patrimonial superaría los $280 millones, correspondientes a salarios y prestaciones derivados de los ascensos.

La cronología también desmiente versiones que circularon en algunos sectores. Los ascensos ocurrieron en 2019 y 2023, durante administraciones anteriores, y no en el gobierno del alcalde Alexander Baquero.

Fue precisamente la actual administración la que impulsó la auditoría, verificó los documentos y trasladó el expediente a la Fiscalía. Lo que durante años fue un requisito más en una hoja de vida hoy hace parte de una investigación judicial.