En una carta enviada al magistrado Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe comunicó que renuncia al beneficio de la prescripción de su proceso, pese a que este quedaría en firme el próximo 16 de octubre y podría cerrarle definitivamente el caso.
Uribe, condenado a 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal, aseguró que no busca aprovechar la salida legal que le ofrece la norma.
“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo”, escribió en el documento de tres páginas, en el que también señaló que se le respetó el derecho a ser escuchado.
¿Qué es la prescripción y por qué Uribe renuncia a ella?
La prescripción es una figura jurídica que funciona como un “tiempo límite” para que la justicia pueda juzgar a una persona. Si ese plazo se cumple sin que haya un fallo definitivo, el proceso se cierra automáticamente y el acusado no puede ser sancionado, aunque existan pruebas en su contra.
En el caso de Uribe, ese plazo se cumpliría el 16 de octubre. Si se aplicara, la condena de 12 años de cárcel quedaría sin efecto. Sin embargo, el exmandatario pidió expresamente que no se le conceda ese beneficio. Según explicó, su decisión busca que el tribunal tenga la oportunidad de emitir un fallo de fondo, con base en todas las pruebas presentadas.
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La ley permite que un acusado renuncie de manera voluntaria a la prescripción, pero solo puede hacerlo una vez. En ese escenario, el reloj jurídico vuelve a correr y el proceso se extiende por dos años más.
Una decisión que por ahora no cambia el proceso
La carta enviada por Uribe no produce efectos jurídicos inmediatos. La ley establece que la renuncia a la prescripción solo es válida cuando el tribunal la decrete, es decir, el 16 de octubre. Si ese día la Sala declara que el proceso prescribió, el expresidente deberá ratificar formalmente que no quiere beneficiarse de ese cierre automático.
Solo en ese escenario el proceso se mantendría abierto por dos años más y el Tribunal estaría obligado a dictar un fallo de fondo, confirmando la condena o absolviéndolo.