La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) demandó ante el Consejo de Estado el Decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo de 2026 con un aumento del 23,7%, y solicitó su suspensión provisional por presuntas irregularidades legales y técnicas.
El gremio aseguró que el Ejecutivo se apartó de las variables que la ley exige para definir el salario mínimo, como inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional, y en su lugar aplicó el concepto de “salario vital”, basado en criterios de la OIT que no son obligatorios en el ordenamiento jurídico colombiano.
Fenalco también cuestionó la falta de sustento técnico del incremento, al señalar que las condiciones económicas habrían permitido un ajuste cercano al 6,21%, sin una explicación clara de cómo se llegó al 23,7%. A esto se suma el reparo por el desconocimiento del rol técnico del DANE en la certificación del IPC.
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Según el gremio, la aplicación del decreto podría generar mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad y el cierre de miles de mipymes. Sus estimaciones advierten que más de 772.000 empleos estarían en riesgo.
Ahora será el Consejo de Estado el que decida si suspende el decreto mientras analiza de fondo su legalidad, una decisión que tendrá efectos directos sobre el panorama laboral y económico del país en 2026.