En Puerto Gaitán, la política y los procesos judiciales caminan de la mano. José Fernando Abella Yepes, viejo conocido del municipio y aliado incondicional del alcalde Luis César Pérez, aspirará por una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Indígena. Pero su candidatura no surge del mérito ni de la renovación política, sino de un pacto de conveniencia que intenta mantener el poder local bajo el mismo círculo de influencia.
Abella fue candidato a la Alcaldía en 2015 por Cambio Radical y obtuvo más de cinco mil votos, quedando en segundo lugar. Desde entonces, su nombre ha permanecido ligado a la política. Entre 2024 y 2025 ha figurado como contratista de la Alcaldía de Puerto Gaitán.
Fernando Abella tiene un proceso judicial que comparte con el propio alcalde. La Fiscalía los investiga por hechos ocurridos en mayo de 2018, cuando —según las autoridades— habrían participado en bloqueos de vías, constreñimiento, violación del derecho al trabajo y extorsión con otras dos personas. Incluso, Abella y César compartieron celda durante parte de la investigación, un detalle que hoy cobra relevancia frente a la estrecha relación que aún mantienen.
Mientras en la Fiscalía las audiencias continúan con algunas dilaciones, las críticas desde distintos sectores no se han hecho esperar. Algunos ciudadanos denuncian que Abella sería quien maneja buena parte de los contratos del sector industrial, en especial los relacionados con transporte y movilización de taladros. Además, su aparición en eventos oficiales —como la celebración del Día del Campesino, difundida en las redes de la administración— ha despertado sospechas de proselitismo político con recursos públicos.
Pese a ello, el alcalde parece decidido a jugar su carta política con quien fuera su compañero de causas y de procesos. La movida, vista por muchos como un intento de preservar su influencia en medio del juicio que ambos enfrentan, reabre el debate sobre los límites éticos del poder en Puerto Gaitán.