Una contratación de más de $6.300 millones para dotar a los hospitales públicos de Casanare, adelantada por la Gobernación bajo la administración de César Ortiz Zorro, enfrenta serios cuestionamientos por requisitos que, según las observaciones de interesados, podrían cerrarles la puerta a varios proveedores y dejar a una sola empresa en condiciones de competir.
Las advertencias recaen sobre la Licitación Pública No. CAS-SS-LP-001-2026, destinada a adquirir equipos biomédicos, mobiliario hospitalario, equipos industriales y elementos tecnológicos, con un plazo de ejecución de tres meses.
El principal cuestionamiento apunta a la combinación de especificaciones técnicas excesivamente particulares y cartas de autorización de los fabricantes o sus representantes en Colombia. Según los reparos formulados, algunas dimensiones y configuraciones podrían corresponder a referencias comerciales concretas, restringiendo la participación de otros proveedores.
En las observaciones aparece mencionada DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., empresa que presuntamente contaría con las autorizaciones requeridas para varios productos. La advertencia es directa: podría terminar como el único proponente habilitado, de manera individual o mediante un consorcio o unión temporal.
También figuran LAB BRANDS S.A.S. y American Dental, relacionadas en la información aportada con la representación, importación o distribución de algunas de las marcas señaladas. Su mención no acredita una irregularidad, pero hace necesario esclarecer cómo se definieron las exigencias y cuántas empresas pueden cumplirlas.
La administración de César Ortiz Zorro debe explicar qué necesidad técnica justifica condiciones tan específicas y qué estudios demuestran que permiten una competencia efectiva. No basta con abrir una licitación si los requisitos terminan reduciendo la participación a un solo proveedor.
Las dudas alcanzan el origen de las especificaciones: quién las elaboró, qué estudios de mercado las respaldan y si fueron incorporadas desde la estructuración del proyecto de inversión. Son preguntas centrales para establecer si las condiciones responden a las necesidades hospitalarias o podrían producir una ventaja injustificada para determinados productos y proveedores.
A estos reparos se suma un cuestionamiento sobre la publicidad del proceso. Según la información suministrada, al consultar el expediente público de SECOP II no se encontró un mensaje público de respuesta a las observaciones al proyecto de pliego, pese a que distintos interesados formularon advertencias y la entidad contó con varias semanas antes de la apertura formal.
La Gobernación debe precisar dónde están esas respuestas, cuándo fueron publicadas y con qué argumentos aceptó o rechazó los cuestionamientos. Está en juego conocer cómo atendió las alertas antes de avanzar hacia la recepción de ofertas.
La Resolución No. 1794 del 2 de septiembre de 2026 fijó el cierre para presentar propuestas el 11 de septiembre, a las 7:00 de la mañana. Las ofertas recibidas y su evaluación permitirán establecer si se materializa la advertencia sobre un único participante habilitado.
Por ahora, los señalamientos exigen una respuesta pública: ¿cómo se garantiza la libre competencia en una contratación de más de $6.300 millones cuyas condiciones, según los interesados, podrían favorecer a un solo proponente?