Más de 339.000 millones sin ejecutar obligan a la Gobernación del Meta a reajustar su presupuesto

Una adición presupuestal por más de $339.000 millones presentada por la Gobernación del Meta ante la Asamblea Departamental abrió un nuevo debate sobre la ejecución de los recursos públicos y la planeación de programas esenciales para la comunidad.

Aunque este tipo de solicitudes suelen presentarse como una inyección de recursos para fortalecer diferentes sectores, el diputado Wilmar Barbosa advirtió durante la discusión que gran parte del dinero no proviene de nuevos ingresos ni de un mejor comportamiento de la economía, sino de recursos que no fueron ejecutados durante la vigencia anterior.

La crítica apunta a que el problema no es cuánto dinero se está incorporando al presupuesto este año, sino por qué esos recursos no llegaron oportunamente a las necesidades de los ciudadanos.

Según lo expuesto en el debate, una parte importante de los recursos que hoy se buscan adicionar corresponde a dinero que permaneció sin ejecutar en 2025, situación que obligó a trasladarlo al presupuesto actual para financiar programas y compromisos que debieron avanzar con anterioridad.

Las observaciones se dirigieron especialmente a sectores como salud y educación. Para este primer sector se plantea una adición superior a los $68.000 millones, pese a que ya contaba con una asignación significativa dentro del presupuesto inicial.

El cuestionamiento es si los recursos aprobados al comienzo del año no fueron suficientes para atender las necesidades de la red pública o si existen problemas de planeación que ahora obligan a buscar nuevas partidas para garantizar la operación del sistema.

En educación, los recursos adicionales se destinarían a servicios como vigilancia, aseo, residencias escolares, atención a estudiantes con discapacidad y alimentación escolar. Precisamente allí surgió otra de las inquietudes del diputado, quien cuestionó que estos servicios fundamentales para el funcionamiento de las instituciones educativas no quedaran plenamente financiados desde el inicio de la vigencia.

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Para Barbosa, la discusión no debe centrarse en el tamaño de la adición presupuestal, sino en las razones que llevaron a que cientos de miles de millones de pesos permanecieran sin ejecutarse mientras varias necesidades seguían pendientes en distintos sectores del departamento.

“Lo que hoy presentan como una adición presupuestal, en realidad evidencia una grave falta de ejecución. Mientras las comunidades esperaban soluciones, los recursos se quedaron guardados. Hoy no estamos hablando de mayores ingresos ni de una gestión exitosa, estamos hablando de dinero que no llegó a tiempo a las verdaderas necesidades de la gente”, concluyó el diputado opositor.