Wallace Pub, establecimiento cuya propietaria es Karen Nathalia Díaz Toro, esposa del exconcejal de Villavicencio Ricardo ‘Richy’ Gómez, fue sancionado con una multa de $350 millones por la intervención y ocupación indebida de un área de espacio público en el sector Cuatro Parques, barrio El Triunfo.
La decisión fue adoptada el 23 de septiembre por la Inspección de Convivencia y Paz Urbana N.° 1, mediante la Resolución 032-2026, después de un proceso iniciado por una queja presentada por la Veeduría Popular de Villavicencio.
Según publicó el portal ‘El Protestódromo’, el establecimiento tenía autorización para ocupar 15 metros cuadrados con mobiliario móvil, pero durante las verificaciones se estableció que la ocupación alcanzaba 107,2 metros cuadrados.
Entre los elementos encontrados había una estructura metálica tipo carpa, con cubierta de lona o material plástico, que estaba fijada directamente al concreto y a los adoquines mediante platinas y tornillos de acero. También fueron identificadas jardineras y otros elementos instalados por fuera del área autorizada.
El caso fue documentado en el Informe Técnico N.° 009, elaborado por un ingeniero civil adscrito a la Inspección. Durante la audiencia realizada el 9 de septiembre, la defensa del establecimiento cuestionó la competencia de la autoridad, la clasificación de la conducta y las pruebas incorporadas al proceso.
La Inspección consideró que los elementos anclados al suelo no correspondían al mobiliario móvil autorizado y que la intervención podía ser analizada bajo el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, relacionado con la intervención y ocupación de bienes de uso público.
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Antes de la audiencia del 23 de septiembre, Wallace Pub retiró la estructura principal instalada en el parque. Sin embargo, durante una inspección ocular realizada ese mismo día fueron encontrados 12 materas utilizadas como cerramiento parcial, un cerramiento con tubos metálicos y lazos de aproximadamente 20 metros y cuatro bases de sombrillas ancladas al piso.
Con estos elementos, la Inspección determinó que se mantenía la intervención del espacio público y estableció la multa de $350 millones, además de ordenar el retiro total de las estructuras y la reparación del área afectada. También solicitó la revocatoria del permiso otorgado al establecimiento.