El caso de Juliana Guerrero no sería el único relacionado con irregularidades en títulos académicos obtenidos en la Fundación Universitaria San José. Una denuncia presentada por la representante Catherine Juvinao puso bajo la lupa a 24 funcionarios vinculados a 16 entidades del Estado, cuyos contratos sumaban más de $1.100 millones.
La congresista denunció en enero un presunto “cartel de diplomas” en esa institución y señaló que algunos de los funcionarios habrían obtenido títulos de manera “exprés”, sin presentar las pruebas Saber Pro, requisito legal, o realizándolas meses después de recibir el grado, lo que resulta improcedente.
Entre los casos expuestos aparece Héctor Julio García Orduz, quien para entonces trabajaba como analista de la DIAN y habría recibido cuatro títulos profesionales, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.
Otro de los nombres mencionados es Nelfy Melo Morales, quien fue secretaria privada de Gustavo Petro y habría obtenido tres títulos académicos en un periodo de un año y medio en la Fundación Universitaria San José.
Los señalados han rechazado las acusaciones y entregado explicaciones sobre sus procesos académicos, pero los cuestionamientos forman parte de un panorama más amplio que ahora deberá ser revisado por las autoridades competentes.
Estos casos y los otros 22 volvieron a sonar después de que Juliana Guerrero fuera condenada a tres años de prisión, excarcelables, por fraude procesal, tras comprobarse que falsificó títulos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro.
A raíz de este escándalo, el Ministerio de Educación confirmó que mantiene una investigación administrativa sancionatoria contra la Fundación Universitaria San José y señaló que el pasado 20 de agosto se emitió un nuevo auto de pruebas.
La investigación podría derivar en diferentes medidas contra la institución, entre ellas una intervención administrativa, cambios en su junta directiva, un plan de mejoramiento o incluso el cierre, dependiendo de los hallazgos que obtenga el Ministerio.
Por ahora, los 24 casos corresponden a señalamientos y presuntas irregularidades denunciadas públicamente, por lo que la responsabilidad individual de cada funcionario deberá ser determinada por las autoridades.