Para proteger los derechos de los copropietarios del Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a la constructora Amarilo S.A.S. adoptar una serie de medidas para atender presuntas fallas constructivas identificadas en el proyecto.
La medida fue emitida por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de una averiguación preliminar iniciada por una denuncia en la que se reportaban presuntos daños estructurales y deterioros en diferentes componentes de las edificaciones del conjunto.
Durante la actuación administrativa, la SIC recopiló documentos, solicitó información técnica a la constructora, revisó planos y memorias de cálculo del proyecto, analizó un informe técnico presentado por los denunciantes y realizó una visita de inspección en la que recibió declaraciones de representantes de la copropiedad, propietarios y personal vinculado a la interventoría.
Con base en la información recaudada, la entidad concluyó que existen situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la seguridad de los inmuebles entregados. Según la SIC, estas condiciones podrían representar riesgos para la salud y la integridad de los residentes y de la comunidad en general.
Como parte de las órdenes impartidas, Amarilo deberá realizar una evaluación técnica y patológica integral del estado actual del conjunto residencial y elaborar un plan de trabajo con las acciones correctivas que ejecutará, el cronograma de reparación y la identificación de las intervenciones que asumirá la constructora.
Además, deberá adoptar de manera inmediata las medidas preventivas de seguridad, señalización y aislamiento que sean necesarias para mitigar cualquier riesgo inminente, informar a la SIC los resultados de la evaluación técnica, el plan de trabajo y las respuestas dadas a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la administración de la copropiedad desde 2024.
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La constructora también tendrá que entregar a la administración del conjunto los informes y resultados de las visitas técnicas realizadas desde enero de 2025, las pólizas de estabilidad de la obra que se encuentren vigentes, los resultados de la evaluación técnica y las acciones previstas para atender las situaciones identificadas.
Las órdenes deberán cumplirse en plazos que van de cinco a 20 días hábiles, según cada obligación.