La orden se conoce mientras escalan las denuncias de la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, que ya dieron lugar a al menos seis noticias criminales en la Fiscalía General de la Nación, entre ellas una por extorsión que involucra a una persona de su círculo cercano, quien trabajó en el Dapre y habría exigido $20 millones a cambio de no divulgar información.
Según la funcionaria, ese mismo individuo “traficaba con la información” y, en medio de las presiones, mencionó a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y a Juliana Guerrero, a quien describió como una figura con amplio poder dentro del Dapre.
Rodríguez también habló de una presunta red de corrupción, espionaje y amenazas dentro del Gobierno, con episodios que incluyen intimidaciones, supuestos vínculos con actores armados y disputas por el control de información y contratos, lo que deja en entredicho el manejo interno de algunas entidades.
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Incluso relató un episodio que calificó como alarmante, en el que escuchó referencias a “misiones secretas” relacionadas con contactos con el ELN, situación que, según dijo, la llevó a temer por su seguridad y a concluir que no contaba con respaldo institucional frente a las amenazas que recibía.
En este escenario, la instrucción de acelerar campañas publicitarias en todos los niveles del Estado aparece como un intento por contrarrestar el impacto del escándalo, en una semana en la que el Gobierno no solo enfrenta cuestionamientos por las denuncias, sino también por la imagen de desorden interno que dejan al descubierto.