Durante el Consejo de Ministros de la noche del lunes 19 de enero, el presidente Gustavo Petro planteó un escenario fiscal extremo en el que, si la Corte Constitucional anula el decreto de Emergencia Económica, el Gobierno enfrentaría serias limitaciones presupuestales que podrían afectar sectores sensibles, entre ellos el pago de salarios a soldados y policías. Sin embargo, esa afirmación resulta jurídicamente inviable y contradice el propio marco constitucional que regula el gasto público.
El jefe de Estado sostuvo que el decreto es una herramienta para contener el encarecimiento del servicio de la deuda y preservar la estabilidad financiera del país. Según explicó, si la medida cae, la Nación quedaría con un margen mínimo para nuevos ajustes, luego de un recorte de 16 billones de pesos aplicado el año anterior, lo que obligaría, según él, a afectar rubros como las remuneraciones de la fuerza pública.
No obstante, el mismo presidente reconoció minutos después que la Constitución prohíbe reducir el gasto social y establece el pago de la deuda como prioridad del Estado. En ese mismo sentido, admitió que los salarios de soldados y policías constituyen derechos adquiridos, por lo que un recorte en este concepto no solo sería políticamente sensible, sino legalmente imposible.
Desde el Meta alertan sobre efectos adversos de la Emergencia Económica decretada por Petro
Expertos en derecho constitucional coinciden en que los sueldos de los miembros de la fuerza pública hacen parte de obligaciones protegidas por el ordenamiento jurídico y no pueden suspenderse ni disminuirse de manera discrecional, incluso en escenarios de emergencia económica.
Así las cosas, si el decreto de Emergencia llegara a caerse, los primeros ajustes del Gobierno recaerían sobre rubros sensibles como salud, educación y pensiones.