La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro ofrecer una disculpa pública por las declaraciones en las que llamó “muñecas de la mafia” y “periodistas del poder” a varias comunicadoras, al considerar que esas expresiones vulneraron derechos fundamentales y reforzaron estereotipos de género.
La decisión quedó consignada en una sentencia publicada en 2025, en la que el alto tribunal concluyó que las palabras del mandatario afectaron la libertad de expresión, la igualdad y el derecho de las mujeres periodistas a ejercer su labor libres de violencia y discriminación.
La Sala Plena señaló que las expresiones utilizadas por Petro resultaron estigmatizantes, especialmente por provenir del jefe de Estado y difundirse desde plataformas oficiales con millones de seguidores. Según la Corte, al referirse a periodistas como “muñecas de la mafia”, el presidente las presentó como personas sin autonomía y “al servicio de terceros”, situación que aumenta los riesgos de ataques y violencia digital contra ellas.
El fallo advierte que este tipo de mensajes son inadmisibles incluso cuando se emiten como opiniones personales, debido al impacto que pueden tener sobre un grupo históricamente vulnerable como las mujeres periodistas.
La Corte también recordó que quienes ejercen el periodismo cuentan con una protección constitucional reforzada y que los funcionarios públicos, especialmente el presidente, deben actuar con mayor cuidado al emitir declaraciones que puedan derivar en estigmatización o discriminación.
Como medida de reparación, el tribunal ordenó a Gustavo Petro emitir una disculpa pública en un escenario similar al que utilizó para hacer las afirmaciones cuestionadas. Además, deberá incluir una nota aclaratoria en el video y en la transcripción oficial de la intervención.
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La sentencia indicó que la rectificación parcial presentada anteriormente por el mandatario no cumplió con las condiciones necesarias para reparar el daño causado.
El fallo revocó una decisión previa del Consejo de Estado y respondió a una acción de tutela presentada por el abogado Germán Calderón España, la organización El Veinte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y varias periodistas.
Tras conocerse la decisión, algunas de las comunicadoras que hicieron parte del proceso señalaron que “la Corte deja claro que el presidente tiene libertad de expresión, pero con límites reforzados”.