La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Puerto Gaitán Jorge Edelio Plazas Hernández y otros tres exfuncionarios, por presuntas irregularidades en contratos tramitados a través del Fondo Mixto Sierra Nevada.
La actuación también involucra a la exsecretaria de Hacienda, Sandra Ivet García Vera; al exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, José Leandro Arias Sosa; y al exsecretario de Infraestructura Pública, Agustín Alonso Torres González.
Según el organismo de control, los entonces funcionarios presuntamente habrían direccionado hacia terceros contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Para ello, al parecer, habrían utilizado al Fondo Mixto como ejecutor, evitando procedimientos obligatorios establecidos en las normas de contratación estatal y afectando presuntamente el interés general.
La Procuraduría ordenó escuchar las versiones libres de los investigados y solicitó a la Fiscalía información sobre los procesos suscritos entre la Alcaldía de Puerto Gaitán y el Fondo Mixto Sierra Nevada.
Tras la apertura de esta investigación, la atención también podría centrarse en Acacías, Castilla La Nueva y otros municipios del Meta que han entregado la ejecución de proyectos públicos a esa entidad.
Entre enero de 2024 y agosto de 2026, Acacías registró cerca de $219.384 millones en contratación relacionada con el Fondo Mixto; Puerto Gaitán, aproximadamente $113.266 millones; y Castilla La Nueva, alrededor de $21.493 millones.
En la lista también aparecen Cabuyaro, con unos $3.587 millones, y Puerto Rico, con cerca de $200 millones. En conjunto, los cinco municipios suman más de $357.842 millones en 41 registros contractuales.
La contratación con el Fondo Mixto no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades. Sin embargo, la investigación deberá establecer si esta figura fue utilizada para tercerizar y direccionar contratos hacia determinados beneficiarios.
También queda por esclarecer si esa modalidad reduce los ingresos que los municipios habrían podido recaudar por concepto de estampillas e impuesto de Industria y Comercio —ICA—.