Una iniciativa radicada en el Congreso busca modificar el régimen de penas en Colombia para permitir condenas de hasta 100 años de prisión por tres delitos cometidos contra menores de edad, cuando la gravedad del caso así lo amerite.
El proyecto de acto legislativo, presentado por la senadora Nadia Blel, propone ampliar de 50 a 100 años el límite máximo de la pena para casos de homicidio, acceso carnal violento y acceso carnal contra una persona en incapacidad de resistir, siempre que la víctima sea menor de edad.
La propuesta no significa que todos los responsables reciban automáticamente una condena de 100 años, sino que los jueces tengan la posibilidad de imponer una pena superior a la actual cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.
“Estamos habilitando para que la pena pueda ser hasta el doble. Hoy la legislación penal establece que son 50 años. Nosotros estamos proponiendo que pueda llegar hasta 100”, explicó Blel.
La congresista señaló que la iniciativa surgió ante los casos de violencia contra niños y las cifras de homicidios y delitos sexuales registrados en el país.
La senadora citó cifras de Medicina Legal sobre más de 700 homicidios de menores durante el año anterior y más de 17.000 casos relacionados con presuntos delitos sexuales contra niños.
Medicina Legal reporta 62 menores muertos en operaciones militares durante gobierno Petro
Al tratarse de una modificación a la disposición constitucional que establece el límite máximo de las penas, el proyecto debe ser tramitado como acto legislativo. De aprobarse, otros aspectos de su aplicación tendrían que ser definidos posteriormente mediante una ley.
La senadora, sin embargo, reconoció que elevar las penas no es suficiente para enfrentar esta problemática y señaló que también se necesitan programas de prevención y una actuación coordinada entre las instituciones y el Gobierno Nacional.
Sobre la resocialización, afirmó que sigue siendo uno de los fines de la pena, aunque advirtió que el sistema penitenciario colombiano enfrenta problemas de hacinamiento, infraestructura y falta de programas de acompañamiento psicológico y psiquiátrico.