El Consejo de Estado admitió una tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos, contra el expresidente Gustavo Petro por publicaciones en las que lo señaló de estar relacionado con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.
La acción fue presentada por Penagos a nombre propio y en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de obtener protección para sus derechos al buen nombre, la honra y la rectificación, así como para el prestigio de la entidad encargada de organizar los comicios.
Según el documento, las expresiones cuestionadas fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto a través de 14 publicaciones realizadas por Petro en su cuenta de X, además de una intervención durante el Consejo de Ministros del 14 de julio.
En esos mensajes, de acuerdo con la tutela, el expresidente hizo señalamientos relacionados con una supuesta manipulación de las elecciones, que incluían presuntas modificaciones del censo electoral, puestos y mesas de votación, además de cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14.
El registrador también cuestionó afirmaciones sobre una supuesta alteración de las direcciones IP de servidores de la Registraduría, la existencia de bloques matemáticos que demostrarían una manipulación de resultados y una presunta negativa de la entidad a permitir una auditoría del código fuente.
Penagos sostuvo que esas acusaciones no estaban respaldadas por pruebas y que Petro no tenía competencia para formularlas en los términos señalados en la tutela. También afirmó que solicitó una rectificación, pero no recibió respuesta dentro del plazo de 15 días hábiles.
El Consejo de Estado admitió la acción el 30 de septiembre y dejó el trámite en manos de la Sección Tercera, Subsección C, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En el auto, el despacho señaló que la tutela cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 1991 y ordenó notificar a Petro, quien tendrá tres días para ejercer su derecho de defensa y presentar un informe sobre los hechos expuestos en la acción.
También fueron vinculados al proceso el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que deberán pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la tutela.