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Sancionarán a quienes conviertan andenes en rampas o parqueaderos privados en Villavicencio

La adecuación de rampas, separadores o espacios de parqueo frente a viviendas sin autorización de la autoridad competente puede generar sanciones, recordó la Secretaría de Movilidad de Villavicencio al señalar que estas intervenciones afectan bienes destinados al uso colectivo.

Según la entidad, algunas personas modifican andenes, bordillos o zonas comunes para facilitar el ingreso de vehículos o reservar lugares de estacionamiento, pero este tipo de obras están prohibidas cuando se realizan sobre espacio público sin los permisos correspondientes, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El director de Control y Tránsito de la Secretaría de Movilidad, Jorge Luis Chacón Bueno, explicó que el artículo 140 de esta norma establece como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público la ejecución de obras o remodelaciones sin autorización.

“Esto incluye la construcción de rampas sobre andenes, la instalación de obstáculos, la modificación de bordillos, la delimitación de zonas de parqueo y cualquier otra intervención realizada por particulares sobre bienes de uso público”, indicó el funcionario.

La Secretaría recordó que el espacio público está conformado por vías vehiculares y peatonales, parques, plazas, zonas verdes y otros lugares destinados al uso de todos los ciudadanos, por lo que su conservación permite garantizar la movilidad, la seguridad y el acceso de peatones, incluidos quienes tienen alguna discapacidad.

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Chacón Bueno señaló que semanalmente se realizan operativos en diferentes sectores de la ciudad junto con la Secretaría de Catastro y Espacio Público y la Policía Metropolitana, con el propósito de recuperar zonas ocupadas de manera irregular y facilitar el tránsito seguro.

Quienes incumplan esta disposición pueden recibir una multa general tipo 3, contemplada en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016. Para 2026, esta sanción corresponde a $466.908, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, además del retiro de las obras o elementos instalados sin autorización.

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