El contrato firmado entre el Gobierno nacional y la firma británica Amadeus Consultancy llegó a su fin el pasado 30 de junio de 2026 sin alcanzar uno de los objetivos que más expectativa había generado: la exclusión del presidente Gustavo Petro y su familia de la denominada Lista Clinton de Estados Unidos.
Por la asesoría jurídica especializada, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) desembolsó 2 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de $10.000 millones. Sin embargo, al concluir la vigencia del acuerdo las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos continúan vigentes.
El contrato contemplaba acompañamiento legal y estratégico frente a las sanciones, aunque el documento técnico no obligaba a la firma contratada a obtener un resultado específico ni garantizaba que las medidas fueran levantadas.
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Durante la ejecución del convenio, Amadeus Consultancy, dirigida por Maryna Pogibko y Daniel Kovalik, elaboró conceptos técnicos y brindó orientación jurídica al Gobierno, tareas por las que recibió la totalidad del pago pactado.
Con la finalización del contrato y sin cambios en la situación del presidente y su familia frente a las sanciones estadounidenses, el proceso concluyó sin cumplir el objetivo que había generado mayor atención pública.