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A prisión exsecretario de control físico de Villavicencio por un intento de soborno

Él, en complicidad con una mujer, habrían intentado convencer a la directora de la Unidad de Restitución de Tierras Regional Llanos, de recibir 100 millones de pesos a cambio de no devolver un predio solicitado en restitución por víctimas de grupos armados ilegales.

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ViveElMeta.com

El coronel (r) Germán Eduardo Ayala Amaya, exsecretario de Control Físico de Villavicencio y ahora funcionario del Ministerio de Agricultura, y la también miembro de esa cartera, la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, fueron cobijados con detención intramuros por el delito de tráfico de influencias de funcionario público y de particular en concurso con cohecho por dar u ofrecer. 

Vea también: Extorsión, un delito recurrente en la región de la Orinoquia

Según la Fiscalía, ambos actuaron en complicidad para intentar convencer a la directora de la Unidad de Restitución de Tierras Regional Llanos, Diana Herrera Patiño, de recibir 100 millones de pesos a cambio de no devolver un predio solicitado en restitución por víctimas de grupos armados ilegales, beneficiando así a la Sociedad Ganadera de la Costa, su actual propietaria.

Se trata de la finca Simaruba, ubicada en el municipio de Cabuyaro, Meta, con una extensión de 2484 hectáreas y un valor comercial que asciende a los 10.000 millones de pesos. Dicho predio fue solicitado en restitución por un hombre que asegura haber sido desplazado entre 2002 y 2003 por el Bloque Centauros de las Autodefensas.

Ante los argumentos de la defensa para evitar la medida dictada contra los detenidos, la juez dijo que: «con base en el acervo probatorio presentado por la Fiscalía, los detenidos sí son un peligro para la sociedad; que en el caso del ex militar, por ejemplo; luego de combatir por muchos años grupos armados ilegales que causaron desplazamiento ahora, al parecer, estaría pretendiendo perjudicar a las víctimas«.

Dentro de la audiencia se conoció que la víctima, propietaria de los terrenos, estaría siendo amenazada, por lo que la Fiscalía investiga para dar con los responsables.

Por estos hechos, los implicados podrían ser condenados a penas de entre 5 y 10 años de prisión, en caso de ser hallados responsables de los delitos imputados.

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