Alexander Baquero cuestiona obligación que Petro delegó a los municipios: “Nos toca sostener a quienes delinquen”

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, cuestionó que el municipio tenga que destinar más de $15.000 millones para atender a personas privadas de la libertad que aún no han sido condenadas, mientras, según afirmó, la ciudad todavía no cuenta con recursos suficientes para garantizar el 100 % de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ni ampliar la atención a los adultos mayores.

La crítica del mandatario apunta a una responsabilidad que, de acuerdo con su explicación, fue trasladada a los municipios por el gobierno de Gustavo Petro y que implica asumir gastos de alimentación y atención integral para las personas detenidas que permanecen bajo custodia sin una condena en firme.

“Nos presionó, nos obligó a que tenemos que garantizar en los detenidos el desayuno, el almuerzo, la comida, el refrigerio y, fuera de eso, programas psicológicos y todo el tema para las personas privadas de la libertad”, afirmó Baquero.

El alcalde aseguró que los recursos que ahora se deben destinar con ese fin, representan una reducción de la capacidad del municipio para financiar otras necesidades. “$15.000 millones es quitarle la posibilidad de inversión y desarrollo a los territorios para dedicarnos a esto”, señaló.

Baquero puso como ejemplo la situación del PAE, al advertir que el municipio todavía no tiene los recursos necesarios para llevar la alimentación escolar a la totalidad de los estudiantes y que, al mismo tiempo, debe reservar una suma considerable para atender a la población privada de la libertad.

El mandatario también mencionó las dificultades presupuestales para ampliar los programas dirigidos a los adultos mayores y cuestionó que los recursos municipales tengan que cubrir obligaciones que, históricamente, habían estado en cabeza del Gobierno nacional.

En agua de Villavicencio detectan acetona y metanol, sustancias usadas en la producción de cocaína

“Me parece el colmo que no tenemos con qué darle a los adultos mayores, que no tenemos con qué darle a los niños y sí nos toca separar del presupuesto una partida para sostener un poco de zánganos y pícaros que se les detienen por estar robando”, expresó.

Baquero sostuvo además que esta situación no corresponde a una decisión de la Administración municipal, sino a un cambio en la distribución de responsabilidades entre la Nación y los municipios.

Según explicó, el Gobierno nacional mantiene la responsabilidad sobre las personas que ya fueron condenadas, mientras que los municipios deben concurrir en la atención de quienes permanecen privados de la libertad sin haber recibido una condena.