ANT de Felipe Harman adquirió predio que no sirve para proyectos campesinos, denuncia la Contraloría

La Contraloría General de la República cuestionó la decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Felipe Harman, de adquirir el predio ‘La Grosería’, en Chimichagua (Cesar), por $4.161 millones, a pesar de que el terreno no cuenta con condiciones para desarrollar proyectos productivos campesinos, que es justamente el objetivo del Fondo de Tierras.

El organismo de control estableció un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal por el valor total de la compra por considerar que el lote no tiene vocación agropecuaria ni capacidad productiva, requisitos básicos para que un predio sea útil en los programas de acceso a tierras.

Los análisis técnicos muestran que la mayor parte del terreno está clasificada como suelo agrológico VII y VIII, considerados improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.

La Contraloría se pregunta por qué la ANT decidió invertir recursos de la Reforma Rural Integral en un predio que difícilmente podría sostener a familias campesinas, cuando el objetivo del Fondo de Tierras es garantizar que quienes reciben la tierra puedan producir, generar ingresos y permanecer en ella.

El ente de control también llamó la atención porque el predio estaba ocupado por familias en condición de invasión, situación conocida por varias entidades y plasmada en un acta de compromisos firmada meses antes. Allí se reconocían asentamientos campesinos dentro del terreno y se acordaron mesas de diálogo y procesos de caracterización de los ocupantes. Aun con este antecedente, la ANT avanzó en la compra sin verificar la situación jurídica ni el estado real del inmueble.

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Para la Contraloría, la adquisición se aprobó sin cumplir los criterios técnicos y legales que exige la Ley 160 de 1994 ni los lineamientos del Acuerdo Final de Paz. El resultado, dice el organismo, fue la compra de un predio que no aporta a la Reforma Rural Integral y que representa un uso inadecuado de los recursos públicos.