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Por injuria, Roa Florhuila denunció penalmente a diputado Arley Gómez

El cabildante habría atentado contra el buen nombre y patrimonio moral de la compañía.

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ViveElMeta.com

Ante las fuertes acusaciones que hizo a través de sus redes sociales el diputado del Meta, Arley Gómez, la Organización Roa Florhuila (ORF) emitió un comunicado en el que aseguró que ha instaurado una denuncia penal contra el cabildante por el delito de injuria. 

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Todo inició el 19 de abril cuando el diputado publicó un video al que tituló «RATAS DE ALCANTARILLA«, en el que dice que el 98 % de los $226.000 millones que el Gobierno nacional destinó para prestarles a los campesinos, terminó, según él, en manos de empresas como Roa.

En medio de la euforia por la denuncia, Gómez expresa «se los entregaron (los recursos) a personas como molinos Roa, que es un monopolio en este país con el arroz, que justo en el momento en que el país necesita de la colaboración, de la solidaridad, subieron el precio del arroz. ¡Infames, criminales, ratas de alcantarilla, dijo el presidente Duque!«.

La ORF respondió que son falsas las acusaciones y que atentan contra el buen nombre y patrimonio moral de la compañía.

«Un diputado puede no saber de economía o de negocios, pero no puede ser irresponsable», dijo Hernando Rodríguez, gerente general de Roa Florhuila, quien entre otras cosas aseguró que el mercado del arroz no es un monopolio, y que su organización es la del sector arrocero que más aportes ha hecho a la sociedad en medio de la pandemia.

El diputado por su parte acudió a la réplica del video por el que se le denunció, invitando a sus seguidores a volver a verlo. Más recientemente publicó una imagen de Trámites y Servicios de la Superintencia de Industria y Comercio (SIC) donde se hace referencia a una sanción impuesta a la ORF por «haber influenciado a otros agentes del mercado en los canales de distribución y comercialización los precios de venta de arroz blanco»; la acompañó con el texto «y ahora resulta que el malo soy yo».

Entretanto, la denuncia avanza en manos de la Fiscalía 30 delegada ante los jueces penales de Conocimiento de Villavicencio. Se estima que, si la justicia le diera la razón a la ORF, Gómez podría pagar de 16 a 54 meses de prisión y multas de 13.33 hasta 1.500 salarios mínimos.

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