Jueves, 2 de julio de 2026

Así operó la red que engañó, secuestró y asesinó a dos ganaderos en el Meta

  • viveelmeta.com
  • Publicado en Abr 21, 2026
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La investigación permitió ubicar a dos señalados, quienes habrían coordinado las llamadas extorsivas y la logística para el pago de la suma exigida.


Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió esclarecer el secuestro y asesinato de dos comerciantes que fueron engañados con un supuesto negocio de compra de ganado en el departamento del Meta.

Los hechos se remontan al 21 de noviembre de 2024, cuando las víctimas fueron citadas en zona rural de Fuente de Oro con la promesa de concretar la compra de varias cabezas de ganado. Sin embargo, durante el trayecto fueron interceptadas y retenidas por un grupo delincuencial.

De acuerdo con la investigación, los comerciantes permanecieron secuestrados durante nueve días en un inmueble, mientras sus familias recibían llamadas en las que exigían $100 millones por su liberación. El 30 de noviembre fueron asesinados mediante asfixia mecánica y posteriormente sus cuerpos fueron enterrados en una zona boscosa de difícil acceso entre Fuente de Oro y San Martín.

Las labores investigativas permitieron identificar a dos de los presuntos responsables. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien habría coordinado las llamadas para presionar el pago, y María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de encargarse de la logística y de facilitar cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir el dinero producto del secuestro.

Ambos fueron capturados en un operativo conjunto entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional, en un inmueble del barrio Potosí, en Bogotá.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de elemento material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.