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Bloqueos en el Meta dejan millonarias pérdidas para empresarios y trabajadores

Más de 2.200 trabajadores de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, han resultado afectados tras no poder recibir sus respectivos salarios.

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Foto: Cortesía

Cerca de 2.300 trabajadores residentes en el Meta han dejado de recibir más de $950 millones en salarios como consecuencia de los bloqueos de la USO y del gremio de aparejadores en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva. Los bloqueos afectan su legítimo derecho al trabajo y ponen en riesgo el sustento de sus familias.

Leer también: Bloqueos afectan derecho al trabajo y operación de campos petroleros del Meta

Así mismo, producto de los bloqueos que ya completan 4 días, se estima que se ha dejado de contratar bienes y servicios locales por cerca de $3.600 millones en Acacías, Castilla La Nueva y Guamal.

Ecopetrol

También expone a las autoridades regionales los riesgos ambientales que genera esta situación al verse impedida la normal movilización de los operadores a los pozos y a las locaciones petroleras en diferentes zonas rurales y urbanas de los municipios para realizar los trabajos de mantenimiento.

Los manifestantes aumentaron a 11 los puntos de restricción vehicular selectiva que impiden el paso del personal directo y de las empresas aliadas a sus lugares de trabajo; a esto se suma la presencia de manifestantes en la locación del pozo exploratorio Tejón, en el municipio de Guamal.

Una vez más, Ecopetrol rechaza estas vías de hecho que ponen en riesgo la integridad, la vida y el trabajo de empresarios y personal contratista que no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad física para laborar.

La Empresa también reitera a los integrantes de la USO su invitación abierta al diálogo en el mecanismo de verificación, escenario del nivel nacional idóneo para revisar sus solicitudes, según como está establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 2018-2022 y en las actas Ecopetrol-USO del 22 de agosto de 2014 y 28 de septiembre de 2018.

Por último, Ecopetrol acude a las autoridades regionales competentes para que a través de su función constitucional garanticen el restablecimiento inmediato del orden público y el derecho al trabajo.

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