La Procuraduría Regional de Instrucción Meta envió al Consejo Nacional Electoral la solicitud presentada por el ciudadano Manuel Eduardo Herrera para que se revise la inscripción de Ximena Calderón como candidata a la Cámara de Representantes por el Meta, debido a la investigación penal que se adelanta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
En el documento, el procurador Javier Eduardo Sandoval explicó que el CNE es la entidad encargada de decidir si existen razones legales o constitucionales para revocar una inscripción, por lo que será esa autoridad la que analice el caso y defina las acciones a seguir.
Este trámite se conoce mientras avanza la investigación de la Fiscalía, cuyo proceso dejó de estar en una dependencia ordinaria y pasó a la Dirección Especializada contra la Corrupción, instancia que asume los casos de mayor complejidad.
La Fiscalía investiga desde marzo de 2025 el origen del patrimonio de la exdiputada, el cual, según la denuncia, no coincidiría con los ingresos que reportó durante más de 20 años de vida pública.
Según la información conocida dentro del proceso, la familia de Calderón estaría relacionada con bienes que sumarían cerca de $26.000 millones. Parte de ese patrimonio aparecería a nombre de sus padres, con propiedades avaluadas en aproximadamente $12.000 millones en el caso de la madre y $9.200 millones en el del padre, entre viviendas, fincas, locales comerciales y vehículos de alta gama.
La denuncia fue ampliada para incluir delitos como lavado de activos y tráfico de influencias, tanto en su condición de exservidora pública como de particular.
También se investiga la presunta simulación en la compraventa de bienes, una práctica usada para ocultar la verdadera propiedad de los activos.