Unidad anticorrupción de la Fiscalía asume denuncia contra Ximena Calderón por enriquecimiento ilícito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a la exdiputada y hoy candidata a la Cámara de Representantes por el Meta, Ximena Calderón, dio un nuevo giro en el ámbito judicial. El proceso dejó de tramitarse en una fiscalía ordinaria y ahora quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, una instancia a la que solo llegan los casos considerados de mayor gravedad.

La decisión es resultado del avance de las indagaciones que adelanta la Fiscalía desde marzo de 2025, orientadas a establecer el origen de un patrimonio que, según la denuncia, no guarda proporción con los ingresos oficiales reportados por la exservidora pública durante más de dos décadas de vida política y administrativa.

De acuerdo con los documentos conocidos, el núcleo familiar de Calderón estaría vinculado a un conglomerado de bienes que rondaría los $26.000 millones. Parte de ese patrimonio figuraría a nombre de sus padres, con activos avaluados en cerca de 12.000 millones en el caso de la madre y $9.200 millones en el del padre, entre casas, fincas, locales comerciales y vehículos de alta gama.

Además, el expediente menciona el presunto uso de cargos públicos, tanto en la Asamblea Departamental como en el Concejo de Villavicencio, para favorecer a contratistas cercanos en un esquema que incluía asignación de contratos y manejo de llamados “cupos” políticos dentro de la contratación pública.

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La ampliación de la denuncia incorpora varios delitos, entre ellos lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito como servidora pública y como particular, así como la presunta simulación en la compraventa de bienes, una práctica que busca ocultar la titularidad real de propiedades sin desprenderse de su control.

Con el traslado del proceso a la Dirección Especializada contra la Corrupción, la investigación entra en una fase más rigurosa, enfocada en rastrear el origen de los recursos, la forma en que fueron administrados y los posibles responsables detrás de su ocultamiento.