Con ‘jugaditas’ legales aliados de Harman manipulan elección del director de Cormacarena

Desde la salida de Andrés Felipe García a finales de 2023, el proceso de elección de director general de Cormacarena ha estado envuelto en trabas jurídicas, recusaciones y demandas que buscan desbalancear la composición del Consejo Directivo de la Corporación.

El último director en propiedad, Jhorman Saldaña, fue elegido en enero de este 2024, pero su nombramiento fue anulado en septiembre por el Consejo de Estado. Desde entonces, la Dirección General ha estado bajo encargo, mientras actores políticos mueven sus fichas para entorpecer cualquier avance en la elección de un sucesor.

Uno de los principales nombres que aparece en esta estrategia es el de Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio y actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Su intención, según denuncian diversas fuentes, sería asegurarse el control de Cormacarena para manejar la entidad con fines políticos, facilitando la legalización de barrios de su interés y aprovechando su estructura administrativa para futuras contiendas electorales.

En el arduo proceso de selección se han presentado múltiples recusaciones y tutelas interpuestas por contratistas de la ANT, entre ellos Ericson Camilo Ballén Quintero, quien, a pesar de no cumplir los requisitos mínimos, se postuló como candidato a la Dirección de Cormacarena con el único fin de dilatar el proceso mediante acciones legales.

A esta estrategia se suma David Riaño, quien en los tiempos de Harman como alcalde fue gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) y actualmente es contratista de la ANT. Riaño ha recusado a varios miembros del Consejo Directivo de Cormacarena con el objetivo de apartar a estos funcionarios del proceso de elección y facilitar la imposición de un candidato afín al Gobierno nacional.

Otro actor principal en esta ofensiva jurídica es Gonzalo Eduardo Hernández Pardo, contratista de la EAAV en el gobierno de Harman, quien interpuso una recusación con el propósito de impedir la designación de los representantes de los alcaldes en el Consejo Directivo. Esta jugada buscaría debilitar la presencia de los mandatarios locales en la toma de decisiones de la Corporación y garantizar una mayoría favorable al Gobierno nacional.

Intereses particulares moverían la elección del nuevo director de Cormacarena

El trasfondo de estas maniobras es claro: si las recusaciones prosperan, los alcaldes perderían representación en el Consejo Directivo y se abriría la puerta para que el Gobierno nacional tenga el control absoluto sobre la elección del nuevo director.

Mientras la Procuraduría resuelve las recusaciones, el proceso de elección sigue paralizado, sin una fecha clara para su reactivación.

Entretanto, la incertidumbre sobre el futuro de Cormacarena persiste y las movidas políticas siguen torpedeando un proceso que debería garantizar la autonomía e independencia de la entidad.