Sábado, 18 de julio de 2026

Controles a vendedores migrantes buscan recuperar el orden en el centro de Villavicencio

Migración Colombia recordó que el incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones e incluso en procesos de deportación.


La Alcaldía de Villavicencio y Migración Colombia intensificaron los operativos de control en el centro de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con el uso del espacio público por parte de vendedores informales, entre ellos ciudadanos migrantes.

Estas acciones buscan evitar la ocupación indebida de zonas destinadas al tránsito de peatones y garantizar condiciones de orden y convivencia en los sectores comerciales.

Felipe Caballero, asesor del despacho del alcalde Alexander Baquero y encargado de la Gerencia del Centro, explicó que durante los operativos se realizan verificaciones de antecedentes y controles a las personas que desarrollan actividades económicas en el espacio público.

“Estamos verificando antecedentes y ejerciendo control sobre las personas que desarrollan actividades de ventas informales, con el fin de que cumplan los lineamientos establecidos para el cuidado y aprovechamiento del espacio público dentro del marco de la convivencia ciudadana”, indicó el funcionario.

Caballero señaló que estas acciones hacen parte de la estrategia de organización y recuperación del centro de la ciudad. Agregó que Villavicencio ha mantenido una política de acogida hacia los migrantes que han llegado en busca de oportunidades, pero recordó que todos los ciudadanos deben cumplir las normas relacionadas con el orden, la seguridad y el aseo.

Por tercer mes consecutivo, Villavicencio registra la menor tasa de desocupación del país

Por su parte, Migración Colombia advirtió que los permisos de residencia y trabajo otorgados a ciudadanos extranjeros no los eximen del cumplimiento de la ley. La entidad recordó que conductas contrarias a las normas o actos de irrespeto contra las autoridades pueden dar lugar a investigaciones administrativas que, dependiendo de cada caso, podrían derivar en sanciones migratorias, incluida la cancelación de permisos o procesos de deportación.