Sábado, 18 de julio de 2026

Gobernación demandó acuerdo que entregó antigua sede educativa a Aguaviva en Restrepo, Meta

  • viveelmeta.com
  • Publicado en Feb 21, 2026
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La decisión pone en suspenso la transferencia del inmueble y obliga a que un juez revise si el trámite en el Concejo cumplió con los tiempos y requisitos legales.


La cesión gratuita de la antigua sede del Colegio Emiliano Restrepo Echavarría a AGUAVIVA S.A. E.S.P. quedó bajo revisión judicial tras una acción presentada por la Gobernación del Meta.

El Acuerdo 022 de 2025 fue aprobado por el Concejo de Restrepo durante el cuarto periodo de sesiones ordinarias del año pasado. Ocho de los once cabildantes votaron a favor de autorizar al alcalde Dani Ferney Linares a transferir el inmueble a la empresa de servicios públicos, pese  que varios sectores cuestionaron la rapidez del trámite y advirtieron posibles irregularidades.

El 14 de diciembre de 2025, el concejal Pedro Moreno pidió a la Gerencia Jurídica del Departamento revisar de fondo el acuerdo, advirtiendo posibles irregularidades en la forma como se surtieron los debates.

Según explicó, el reglamento interno del Concejo fue modificado para exigir que entre el primer y el segundo debate transcurrieran tres días completos. El primero se realizó el 26 de noviembre y el segundo fue citado para el 29, por lo que, a su juicio, el plazo no se cumplió en su totalidad, ya que la votación debía llevarse a cabo el 30.

En palabras del concejal, el acuerdo está demandado por “posibles vicios de trámite” y el error sería “insubsanable”, lo que a su juicio llevaría a que el acto se caiga sin posibilidad de corregirse.

La Secretaría Jurídica de la Gobernación informó que el 13 de enero de 2026 el Departamento del Meta presentó una Acción de Validez contra el Acuerdo 022 de 2025, al considerar que podría existir un defecto en su expedición por el desconocimiento de las formalidades previstas para aprobar este tipo de decisiones.

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Este mecanismo le permite al Departamento pedirle a un juez que revise si el acuerdo municipal se ajusta o no a la ley. En otras palabras, es un control judicial para que se determine si el trámite se hizo correctamente y si el acto puede mantenerse vigente o debe anularse.

Mientras el proceso avanza en los tribunales, la Administración municipal deberá esperar el fallo antes de intentar nuevamente la cesión del predio, ya que no puede volver a tramitar el proyecto hasta que la justicia defina si el acuerdo fue aprobado conforme a la ley.