Gobierno Petro contrató $14 billones antes de la Ley de Garantías, advirtió la Contraloría

La Contraloría General de la República informó que durante enero de 2026, último mes en el que los gobiernos pueden realizar contrataciones públicas antes de las restricciones de la Ley de Garantías, la administración de Gustavo Petro firmó acuerdos por un total de $14 billones.

El organismo de control recordó que, según la Ley 996 de 2005, entre el 31 de enero y mediados de año, la contratación pública queda limitada por el calendario electoral, pero antes de cumplirse ese plazo el gobierno Petro casi duplicó los $8 billones registrados en enero del último año del gobierno de Iván Duque.

En cuanto al número de contratos, la diferencia también es notable. En enero de 2026 se firmaron 164.813 contratos, mientras que en el mismo periodo del mandato de Iván Duque se firmaron 107.971.

Las entidades territoriales también registraron cifras importantes. Sumando el orden nacional y territorial, la contratación en Colombia superó los $32 billones, frente a $25 billones en el último enero del gobierno anterior. Entre las entidades nacionales con mayores contratos se encuentran el Sena ($1,72 billones), el ICBF ($1,26 billones) y la Aeronáutica Civil ($0,76 billones).

Entre los territorios, lideran el ranking el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla ($1,33 billones), el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ($0,88 billones) y Santiago de Cali Distrito Especial ($0,54 billones).

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La Contraloría precisó que en el caso actual la modalidad preferida fue la Prestación de Servicios, con 501.423 contratos por $22 billones, equivalentes al 96,2 % del total de la contratación estatal. En este rubro, la administración Petro registró 160.616 contratos por $9,5 billones, mientras que la administración Duque había firmado 103.563 acuerdos por $5,4 billones.

“La Contraloría continuará monitoreando de manera preventiva, analítica y permanente el comportamiento contractual en el país, con el fin de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia, proteger los recursos públicos y salvaguardar la confianza ciudadana, especialmente en el escenario actual de alta sensibilidad fiscal y electoral”, concluyó la entidad.