Sectores de oposición calificaron como una posible estrategia para “comprar elecciones” la firma de más de 80.000 contratos directos del Gobierno Nacional con juntas de acción comunal, resguardos, cabildos y asociaciones comunitarias, luego de conocerse que esos acuerdos superan los $31 billones.
La información, revelada a través de un derecho de petición, indica que desde 2022 se suscribieron 80.736 contratos mediante las llamadas Asociaciones Público-Populares, una figura incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y que permitía contratar de manera directa con organizaciones sociales y comunitarias.
Del total de recursos, más de $25 billones fueron destinados a asociaciones comunales mediante 55.434 contratos, aunque solo 7.309 aparecen terminados. La mayoría sigue en estados como “celebrado”, “modificado” o “en ejecución”.
Las críticas aumentaron porque buena parte de los recursos se entregaron en medio del ambiente preelectoral y a organizaciones que, según sectores políticos, han respaldado al Gobierno.
La senadora y hoy precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó una de las críticas más fuertes tras conocerse la información. “Es increíble que con el sistema de salud colapsado se gasten $31 billones para comprar elecciones”, aseguró la congresista.
Es increíble con con el sistema de salud colapsado se gasten 31 billones para comprar elecciones. https://t.co/PehJqMVDuH
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 26, 2026
En la misma línea se pronunció el periodista Sebastián Nohra, quien calificó como “obsceno e irracional” que existan se haya entregado más de 80.000 contratos sin licitación. “Así no más, a dedo, a juntas o personas sin seguimiento ni transparencia. Es un modelo de contratación oscuro. Un terreno comodísimo para la corrupción”, afirmó.
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Uno de los casos más cuestionados es el programa ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’, con el que el Gobierno prometió intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales. Sin embargo, informes de organismos de control señalan que apenas se han construido 2.387 kilómetros, cerca del 7 % de la meta.
El mes pasado, la Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, al considerar que permitían contrataciones directas sin suficientes garantías de transparencia y abrían la puerta a adjudicar convenios arbitrarios. Sin embargo, muchos de esos procesos siguen vigentes porque fueron firmados antes del fallo, cuando esa figura todavía estaba permitida.