Habitantes de San Juan de Lozada podrán elegir si votan en Meta o Caquetá

Así como hace cuatro años, los residentes de la inspección de San Juan de Lozada podrán elegir en las próximas elecciones si votan en Caquetá o en el Meta, a raíz del diferendo limítrofe entre ambos departamentos que no ha sido solucionado y que probablemente, no se resuelva antes de este octubre.

Así las cosas, en dicha inspección durante más de 70 años la organización electoral ha instalado ocho mesas, cuatro para quienes quieran votar por los candidatos del Meta y las otras para los que deseen hacerlo por los de Caquetá.

Vea también: Denuncian a un congresista por adueñarse de tierras en el Vichada

El trámite para definir los límites de dichos territorios inició en el año 2009 por petición de las respectivas gobernaciones, y fue el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el que desde entonces asumió el pleito por unos 5.000 kilómetros de terreno entre San Vicente del Caguán y La Macarena, alrededor de unos campos petroleros. En 2012 el departamento de Guaviare fue vinculado al proceso.

Esa situación ha hecho que los gobiernos departamentales involucrados en el diferendo opten por ganarse la voluntad de la comunidad; en ese sentido el Meta parece ser el ‘mejor parado’. En los últimos 10 años dicho gobierno construyó un internado para 180 alumnos, un centro de salud, un polideportivo, sardineles, clausuró un basurero, construyó el acueducto y está adelantando la obra del alcantarillado y una cancha sintética, según comentó el líder social Guillermo Murillo, en una entrevista para El Tiempo.

Él mismo sostuvo que, en cambio, la Gobernación de Caquetá no hace inversiones, «entrega contratos de obritas dando unos ladrillos y que la comunidad ponga el cemento y la mano de obra», no obstante, otros residentes le aseguraron a ese medio que en temas de salud, por ejemplo, la gente de la inspección depende y utiliza más los servicios de San Vicente del Caguán o Florencia por la facilidad para desplazarse.

En el ámbito legal cada departamento tiene su estrategia para resolver el diferendo en los estrados, sin embargo, en el evento de que los documentos no coincidan -que es lo más probable- el IGAC podrá expedir un acto administrativo determinando los límites, y si las diferencias persisten el caso sería enviado a la comisión de deslinde y amojonamiento del Congreso, que tendrá un año para resolverlo. Si al cabo de ese periodo el Congreso no decide, entrará en vigencia el límite provisional que haya establecido el IGAC.

En ese orden de ideas será poco probable que antes del 27 de octubre próximo se definan los límites, y en consecuencias los habitantes de San Juan de Lozada podrán votar, otra vez, por los candidatos de Meta o Caquetá.