Cuatro hombres señalados de exigir dinero en nombre de grupos armados ilegales fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez, tras solicitudes presentadas por la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos en municipios del sur y oriente del Meta entre 2025 y 2026.
Las investigaciones indican que los implicados se habrían hecho pasar por integrantes de estructuras criminales para presionar a comerciantes, empresarios, agricultores y ganaderos, a quienes citaban en zonas rurales con el fin de imponer pagos bajo amenazas.
En uno de los casos, Javier Alcides Abril García y Dúmar Sánchez Flórez fueron imputados por concierto para delinquir y extorsión agravada, además de delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, incluidos elementos de uso restringido de las Fuerzas Armadas, cargos que no aceptaron.
Según la Fiscalía, estas personas simulaban pertenecer a un grupo con presencia en Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, y exigían aportes económicos para no declarar a sus víctimas como objetivos militares.
Los dos hombres fueron capturados en medio de un allanamiento realizado por la Policía Nacional en una vivienda del barrio Sosiego, en Villavicencio.
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En otro proceso, Camilo Esteban Moreno Rincón y Carlos Andrés Chaparro Peña fueron judicializados por su presunta participación en exigencias económicas ilegales a propietarios de hoteles en zona rural de Puerto Gaitán.
A estos últimos les imputaron los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, cargos que tampoco fueron aceptados.