La ANT de Felipe Harman pagó $4.835 millones por una finca que su vendedor había comprado por $100 millones

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Felipe Harman, compró en junio de 2025 la Hacienda La Duquesa, ubicada en Suárez, Tolima, por $4.835.582.020. El vendedor había adquirido el inmueble en diciembre de 2020 por $100 millones: en cuatro años y medio, el precio de compraventa pasó a ser más de 48 veces superior.

La operación quedó cuestionada por la Contraloría General de la República, que identificó un presunto detrimento patrimonial por los $4.835.582.020 desembolsados. El hallazgo se sustenta en que la ANT adquirió el inmueble sin acreditar que pudiera cumplir la finalidad agropecuaria que justificó la inversión.

Aunque la diferencia entre los precios de ambas transacciones genera interrogantes, los $100 millones corresponden al valor de la compra de diciembre de 2020, no a un avalúo comercial establecido por la Contraloría para junio de 2025.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la entidad avanzó con la adquisición sin contar con el certificado o concepto oficial de uso del suelo expedido por la Alcaldía de Suárez, pese a que su propio manual lo contemplaba entre los documentos esenciales.

Al contrastar la ubicación del predio con el Esquema de Ordenamiento Territorial, los auditores identificaron áreas de protección, recuperación o rehabilitación ambiental y amenazas naturales que comprometían el aprovechamiento agropecuario proyectado. Tampoco encontraron un análisis integral que demostrara cuáles superficies podían utilizarse legalmente y si eran suficientes para sostener a las familias beneficiarias.

En su respuesta, la ANT defendió sus estudios y aseguró que el 66 % del área correspondía a zonas para pastoreo y producción agropecuaria baja. Explicó, además, que ante la falta de respuesta de la Alcaldía utilizó cartografía del portal Colombia OT del IGAC.

Sin embargo, la Contraloría consideró que esos argumentos no desvirtuaban las observaciones. Según el organismo, los análisis cartográficos no reemplazaban el concepto municipal y la falta de respuesta de la Alcaldía no autorizaba a la ANT a omitir ese requisito.

El ente de control también cuestionó que la entidad pagara la totalidad del inmueble y lo entregara provisionalmente a la ANUC Silvania sin acreditar previamente un estudio integral de gestión del riesgo que definiera medidas de mitigación, sus costos y su viabilidad.

Tras evaluar la respuesta institucional, la Contraloría mantuvo el hallazgo con incidencias administrativa, disciplinaria y fiscal.