Malecón de Cabuyaro: Asomunicipios entregó sin licitación contratos multimillonarios a DACA Ingeniería y JC Arquitectos en plena Ley de Garantías

Los documentos del malecón turístico de Cabuyaro revelan que Asomunicipios E.A.T. escogió directamente a las empresas encargadas de ejecutar y vigilar el proyecto, valorado en cerca de $59.868 millones, sin que en el expediente revisado aparezca una convocatoria pública, competencia entre oferentes o comparación de propuestas.

La obra, financiada con $32.867 millones del Sistema General de Regalías y $27.000 millones de recursos propios del municipio, fue entregada mediante un procedimiento interno creado por la propia asociación. En lugar de acudir a una licitación pública para la construcción y a un concurso de méritos para la interventoría, Asomunicipios seleccionó “asistentes o designados” de un grupo cerrado de personas y empresas que ya estaban vinculadas a la entidad.

A través de ese mecanismo fueron escogidos:

DACA Ingeniería S.A.S., para ejecutar la obra por $54.769.999.974.

JC Arquitectos S.A.S., para realizar la interventoría por $3.747.429.052,60.

Laura Stephanie Romero Losada, para apoyar la supervisión por $130.962.000.

El documento de selección identifica directamente a las tres personas naturales y jurídicas, fija los valores, establece un plazo de 23 meses y contempla un anticipo equivalente al 50 % del valor de la obra. No registra otros proponentes, ofertas económicas competidoras, matrices de evaluación, puntajes o un acto de adjudicación derivado de un proceso abierto.

La cronología aumenta los cuestionamientos. Las invitaciones comenzaron el 23 de abril de 2026. La orden A0826, mediante la cual DACA Ingeniería asumió la construcción, fue expedida el 20 de mayo. Ese mismo día se firmó la orden M2126 con Laura Romero y, el 21 de mayo, la orden M1826 con JC Arquitectos. El acta de inicio de la obra quedó suscrita el 28 de mayo.

Todas esas actuaciones ocurrieron durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales. La prohibición de contratación directa comenzó el 31 de enero de 2026, cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial, y se extendió hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta.

Asomunicipios sostiene que no contrató ni subcontrató a terceros, sino que ejecutó directamente el proyecto con empresas previamente vinculadas mediante acuerdos de colaboración empresarial. Sin embargo, los mismos documentos muestran que las llamadas “órdenes de asistencia” contienen objetos definidos, valores, anticipos, obligaciones, personal, garantías, formas de pago y causales de terminación.

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En el caso de DACA Ingeniería S.A.S, y JC Arquitectos, las pólizas aprobadas por Asomunicipios aseguran el manejo del anticipo, además del cumplimiento, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones. La aseguradora identifica expresamente a DACA como contratista, JC Arquitectos como interventor y señala que la cobertura corresponde a la ejecución de la orden A0826 y M1826.

La orden entregada a Laura Romero también fija un objeto contractual, un plazo, pagos mensuales, presentación de informes, responsabilidades, inhabilidades y causales de terminación. Es decir, no se trata simplemente de una instrucción administrativa sin efectos económicos o jurídicos.

El punto central está en que Asomunicipios utilizó las figuras de “designación”, “acuerdo de colaboración” y “orden de asistencia” para entregar contratos financiados con recursos públicos y del Sistema General de Regalías sin aplicar una modalidad legal de selección.

La posible celebración de contratos contra la prohibición de la Ley de Garantías podría dar lugar a una discusión sobre su nulidad absoluta.

El proyecto ya enfrenta una consecuencia judicial. A solicitud de la Procuraduría, un juez ordenó congelar cerca de $30.000 millones correspondientes al anticipo, mientras avanza una acción popular por las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del malecón.